La estructura de corrupción diseñada por La Familia Michoacana logró activar contacto no sólo a nivel policiaco y de funcionarios públicos, sino que también incluye toda una estructura empresarial y la cual se ha convertido en otro de sus brazos de poder e influencia en la entidad.
Junto con el lavado de dinero, su penetración en ámbito empresarial se extiende tal forma que mediante la extorsión se han apoderado de negocios sin cambiar los nombres de los propietarios, los reportes fiscales ni la identificación de empresas o comercios, logrando así un mayor camuflaje y dificultad para ser perseguidos e identificados.
Parte de esta red de control empresarial comenzaba con Rafael Cedeño Hernández, El Cede, y continuaba hacia funcionarios públicos vinculados a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Administración y Finanzas. Uno de los funcionarios con presuntos nexos con el crimen organizado que fue detenido el pasado martes fue Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial del gobierno del estado, organismo dependiente de la primera de las dos dependencias enlistadas.
Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de autoridades militares ubican las actividades empresariales encubiertas de la organización criminal de La Familia Michoacana, como uno de los puntos “negros” y de los que muy poco se sabe o conoce.
Por eso, las autoridades consideran como de “suma importancia” la detención de Rubí Bustamante, pues con ello pretenden conocer cómo se colocaron inversiones, se apoderaron de empresas a través de la extorsión o también cómo se operaba para camuflagear compañías.
Complican investigaciones
Según las autoridades, además de las “pantallas” para esconder sus inversiones y propiedades, los miembros de la organización también buscan pasar inadvertidos o tener reconocimiento social o institucional. Lo cual complica las investigaciones que se han venido desarrollando desde hace más de dos años en municipios de Michoacán, donde las los narcotraficantes e integrantes del crimen organizado han incursionado de manera predominante en actividades económicas, como los servicios, el turismo y empresas pequeñas y medianas para no ser detectados.
Los informes de las autoridades señalan que el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas del grupo criminal, así como de otras organizaciones que operan en Michoacán como Los Zetas y Los Valencia, se destinan principalmente a los servicios, como gasolinerías, hoteles, comercios de ropa, tiendas de autoservicio, de distribución de celulares, franquicias transnacionales, centros noctunos, discotecas, distribuidoras de automóviles, talleres mecánicos, restaurantes, compra y venta de tierras, fincas, huertas e inversiones financieras, entre otros más.
Existe poca información disponible sobre las actividades económicas en las que ha incursionado la organización delictiva de La Familia Michoacana, pero hay reportes sobre el hecho de que a partir de la extorsión a empresarios y comerciantes éstos se han visto ahogados para pagar las “cuotas” que les imponen, por lo que al avisar sobre su quiebra a los extorsionadores.
El siguiente paso del grupo criminal es proponer la compra bajo el compromiso de no cambiar el nombre de la compañía ni los datos fiscales, lo que les permite contar con una “empresa limpia” y difícil de identificar.
Otro de los rubros en los que ha incursionado el grupo criminal es el agiotismo. Prestar dinero con intereses elevados les ha permitido apoderarse de negocios, pero principalmente de empresas medianas y pequeñas.
El método del grupo criminal es el surtir a empresas con sus productos hasta llevarlas a la asfixia económica por las compras forzadas y de esta manera con los adeudos, sumados a la crisis económica, provocar la venta y adquisición del negocio.
domingo, 31 de mayo de 2009
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