Secuestradas, mil personas en todo el país

Los mexicanos consumen 500 toneladas de drogas al año, y en el último año se han registrado al menos 50 mil casos de extorsión en el país

A menos de una semana de la detención de 30 servidores públicos en Michoacán por su presunta protección al narcotráfico, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal dio a conocer un diagnóstico que revela que los mexicanos consumen 500 toneladas de drogas al año, lo que representa un mercado que supera los 450 millones de dólares de ganancias anuales, el cual es codiciado por los cárteles que se disputan el territorio.
En el informe se reconoce que ante los recursos que obtienen, “las organizaciones delictivas han alcanzado suficiente capacidad para poder reclutar y corromper a funcionarios de los tres niveles de gobierno”, para que éstos les permitan realizar sus actividades de narcomenudeo, el traslado de cargamentos de droga, y que convoyes de unidades sin placas, con aditamentos policiacos y sujetos armados puedan circular sin ser molestados.
Estas redes de protección también cumplen con la función de alertar sobre operativos que realizarán las corporaciones policiacas y permiten a estos delincuentes utilizar las frecuencias oficiales para monitorear las actividades de las autoridades en sus zonas de influencia.
En este sentido y a la luz del diagnóstico de la dependencia, el caso Michoacán podría no ser un hecho aislado.
Sin embargo, el combate a estos grupos criminales por parte del gobierno federal los ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento.
A esto podría atribuirse que sólo en el último año se han registrado al menos 50 mil casos de extorsión en el país y más de mil secuestros.
El diagnóstico está fechado el 29 de mayo de 2009 y revela el panorama actual del “Esquema de Acción del Crimen Organizado”.
Reitera que México se ha convertido en un país de consumo de drogas, “lo que implica una competencia por el mercado de consumo local”, una disputa que se ha recrudecido en los últimos años y se ha traducido en una ola de violencia.
En “juego” están las plazas de todo el país, donde se calcula que “el mercado mexicano de drogas alcanza un consumo potencial de 500 toneladas de drogas al año (…) que supera, según diversas estimaciones, los 450 millones de dólares al año”, esto es, casi 6 mil millones de pesos de ganancias anuales.
El documento señala que el crimen organizado también apuesta a su capacidad de fuego: siete de cada 10 armas que se le han asegurado son rifles de asalto AR15 y AK47, y tan sólo las 7 mil piezas que ha decomisado la Secretaría de Seguridad Pública federal tienen un valor en el mercado de cinco a 9 millones de dólares.

Narco daba $350 mil a procurador, dice testigo

El ex procurador de Justicia de Michoacán Miguel García Hurtado habría recibido 350 mil pesos al mes por dar protección a integrantes del crimen organizado en la entidad, de acuerdo con las investigaciones de la PGR que llevaron al arraigo de este funcionario junto con otros 29 servidores públicos locales y estatales.
Autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) confirmaron que como parte de las evidencias iniciales que hay contra el ex procurador, está una nómina o lista que fue asegurada a integrantes del cártel La Familia, en la que aparecen los nombres de los detenidos el pasado 26 de mayo.
Las fuentes consultadas indicaron que también se recabó la declaración de tres testigos protegidos que comparecieron contra García Hurtado —uno con la clave Francisco— que aseguran que el servidor público supuestamente aprovechó su posición dentro del gobierno estatal y en concreto tener a su cargo la integración de averiguaciones previas, para brindar protección al grupo criminal.
Según testigos, a pesar de que García Hurtado sólo tenía 13 meses en el cargo —ratificado en febrero de 2008—, desde el año pasado presuntamente formaba parte de esta red de protección “institucional”.
Sin embargo, Alejandro Tavara, abogado defensor del ex procurador —que se entregó en la SIEDO el 27 de mayo— dijo en entrevista que las evidencias que hay contra de su cliente carecen de sustento, y por ello la PGR optó por arraigarlo.
Los testigos y la relación con nombres y cifras, también forman parte de las pruebas contra los otros 29 indiciados que podrían haber recibido entre 50 mil y 200 mil pesos por proteger a las bandas criminales en la zona.

La Familia” estructuró un camuflaje empresarial

La estructura de corrupción diseñada por La Familia Michoacana logró activar contacto no sólo a nivel policiaco y de funcionarios públicos, sino que también incluye toda una estructura empresarial y la cual se ha convertido en otro de sus brazos de poder e influencia en la entidad.
Junto con el lavado de dinero, su penetración en ámbito empresarial se extiende tal forma que mediante la extorsión se han apoderado de negocios sin cambiar los nombres de los propietarios, los reportes fiscales ni la identificación de empresas o comercios, logrando así un mayor camuflaje y dificultad para ser perseguidos e identificados.

Parte de esta red de control empresarial comenzaba con Rafael Cedeño Hernández, El Cede, y continuaba hacia funcionarios públicos vinculados a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Administración y Finanzas. Uno de los funcionarios con presuntos nexos con el crimen organizado que fue detenido el pasado martes fue Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial del gobierno del estado, organismo dependiente de la primera de las dos dependencias enlistadas.

Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de autoridades militares ubican las actividades empresariales encubiertas de la organización criminal de La Familia Michoacana, como uno de los puntos “negros” y de los que muy poco se sabe o conoce.
Por eso, las autoridades consideran como de “suma importancia” la detención de Rubí Bustamante, pues con ello pretenden conocer cómo se colocaron inversiones, se apoderaron de empresas a través de la extorsión o también cómo se operaba para camuflagear compañías.
Complican investigaciones
Según las autoridades, además de las “pantallas” para esconder sus inversiones y propiedades, los miembros de la organización también buscan pasar inadvertidos o tener reconocimiento social o institucional. Lo cual complica las investigaciones que se han venido desarrollando desde hace más de dos años en municipios de Michoacán, donde las los narcotraficantes e integrantes del crimen organizado han incursionado de manera predominante en actividades económicas, como los servicios, el turismo y empresas pequeñas y medianas para no ser detectados.

Los informes de las autoridades señalan que el flujo de dinero proveniente de actividades ilícitas del grupo criminal, así como de otras organizaciones que operan en Michoacán como Los Zetas y Los Valencia, se destinan principalmente a los servicios, como gasolinerías, hoteles, comercios de ropa, tiendas de autoservicio, de distribución de celulares, franquicias transnacionales, centros noctunos, discotecas, distribuidoras de automóviles, talleres mecánicos, restaurantes, compra y venta de tierras, fincas, huertas e inversiones financieras, entre otros más.
Existe poca información disponible sobre las actividades económicas en las que ha incursionado la organización delictiva de La Familia Michoacana, pero hay reportes sobre el hecho de que a partir de la extorsión a empresarios y comerciantes éstos se han visto ahogados para pagar las “cuotas” que les imponen, por lo que al avisar sobre su quiebra a los extorsionadores.
El siguiente paso del grupo criminal es proponer la compra bajo el compromiso de no cambiar el nombre de la compañía ni los datos fiscales, lo que les permite contar con una “empresa limpia” y difícil de identificar.
Otro de los rubros en los que ha incursionado el grupo criminal es el agiotismo. Prestar dinero con intereses elevados les ha permitido apoderarse de negocios, pero principalmente de empresas medianas y pequeñas.
El método del grupo criminal es el surtir a empresas con sus productos hasta llevarlas a la asfixia económica por las compras forzadas y de esta manera con los adeudos, sumados a la crisis económica, provocar la venta y adquisición del negocio.

Dos miembros de La Familia mueren en balacera

Dos miembros del grupo criminal La Familia fueron abatidos a tiros luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército quienes realizaban un patrullaje en el municipio de Ecuandureo.
Los presuntos delincuentes intentaron darse a la fuga cuando los militares le marcaron el alto al vehículo Jeep Liberty color azul, que minutos antes había sido reportado mediante una denuncia ciudadana, como un vehículo sospechosos en el que viajaba gente armada.
En el enfrentamiento se dio en un lugar conocido como el cerro de la arena.
Los dos fallecidos respondían a los nombres de Rosendo Romero Gutiérrez, alias El Chendo y Rigoberto Chávez Sánchez, quienes portaban una escopeta, una granada de mano, una AK-47 y una pistola calibre 40, así como cartuchos de diferentes calibres.
Fuentes de inteligencia creen que se trata de dos miembros importantes para este grupo delictivo, ya que sus cuerpos fueron reclamados y ejercieron presión mediante amenazas para que fueran entregados lo ante posible por el Ministerio Público en Michoacán.
El fallecido Rigoberto Chávez Sánchez estaba tatuado en diferentes partes del cuerpo, en los brazos traía grabadas una especie de calaveras a ala altura de los hombros y hasta el antebrazo y se pudo observar que en la espalda tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe.
El enfrentamiento se dio el sábado y los cuerpos fueron trasladados por la noche por el Ministerio Público y ahí fue que se recibieron las llamadas y acudieron supuestos familiares a recogerlos.

El sicario que dejó ir la policía

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MORELIA, Mich.— No hay rastros de él, pero sus confesiones y fotografías quedaron grabadas. Él confesó ante militares ser parte del ejército de sicarios de La Familia michoacana y estar en uno de los campos de adiestramiento del grupo criminal en Tancítaro, momentos antes de ser entregado a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán e inexplicablemente desaparecer, sin que quedara registro de su captura.
Ricardo Montelongo Soriano tenía una semana de haberse unido a las filas de sicarios de La Familia. Abandonó su empleo por una mejor oferta: ganar 8 mil pesos semanales. Eso le dijeron para reclutarlo y comenzar a entrenarlo en el manejo de armas, el secuestro de personas y métodos para asesinar.
Hace 11 días Ricardo fue aprehendido luego de una persecución por parte de militares y policías municipales en el poblado de Las Tinajas, del municipio de Tancítaro. En medio de un enfrentamiento, este hombre de 20 años de edad fue abandonado por sus cómplices y los soldados lo arrestaron en posesión de un fusil R-15, a casi 100 metros de una casa donde intentó refugiarse y en la que había un menor secuestrado.
Ante militares y municipales Ricardo habló. Confesó, de acuerdo con información recabada por el Ejército, que La Familia tenía en esa zona un campo de adiestramiento de sicarios en el cual él era entrenado.
Fue fotografiado, pero ese fue el último testimonio sobre su presencia en ese sitio. A pesar de su confesión y de ser detenido en posesión de un arma de alto poder, desapareció después de ser entregado al Ministerio Público. No hay expediente que hable de él y mucho menos hay un reporte oficial de lo sucedido ni en la Subprocuraduría de Uruapan ni las oficinas centrales de la Procuraduría estatal, pero el caso de Montelongo Soriano es parte de un reporte militar que lo ubica como detenido en el municipio de Tancítaro.
El misterio sobre este caso es tal que la Procuraduría del estado informó oficialmente, a través de su oficina de prensa, que “no hay datos de la puesta a disposición de este sujeto”. Pareciera como si nunca hubiera existido Ricardo, el aprendiz de sicario. Como si nunca se le detuvo y como si todo el operativo de su captura fuera una mentira.

Cae lugarteniente de 'El Chapo' en Sinaloa

Señala la PGR que Roberto Beltrán Burgos, alias 'El Doctor', y uno de los jefes del cártel del Pacífico, recibía órdenes directas de Joaquín Guzmán Loera y se encargaba de transmitirlas al resto de la organización

En Culiacán, Sinaloa, el Ejército capturó a Roberto Beltrán Burgos, alias "El Doctor", lugarteniente de Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los jefes del cártel del Pacífico.
Este sujeto, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), recibía órdenes directas del "Chapo" Guzmán y se encargaba de transmitirlas al resto de la organización el diversos estados del país.
De acuerdo con Luis Arturo Oliver Zen , subjefe operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), "El Doctor" se encargaba también de la red de seguridad y protección del cártel, además de contar con una red de informantes que lo alertaban de las operaciones realizadas por el gobierno federal en diversas entidades.
El militar dijo que este hombre de confianza de "El Chapo" cumplía con las mismas funciones que en su momento tuvieron Alfredo Beltrán Leyva, alias "El Mochomo" y Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo".
La titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales, indicó que "El Doctor" incluso coordinaba a un grupo de abogados que se encargaban de apoyar legalmente a los integrantes del cártel que eran detenidos.
Ante la importancia de Beltrán Burgos en la estructura del cártel, la funcionaria aseguró que se afecta significativamente la capacidad operativa y de seguridad de la organización de "El Chapo" Guzmán.

Aumentó 33% poder del armamento de criminales

De 2003 a la fecha, el poder de fuego de las armas utilizadas por las organizaciones del crimen organizado que operan en nuestro país ha aumentado en un 33 por ciento. Hace seis años, cuando aún se prohibía en Estados Unidos la venta de fusiles de asalto, sólo el 21 por ciento del armamento decomisado en México era considerado de guerra; hoy esa cifra ha aumentado a 54 por ciento, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República. Del 1 de diciembre de 2006 –inicio de la administración calderonista– a marzo de este año se han asegurado 36 mil armas y, según la dependencia federal, dos terceras partes son de asalto, tendencia que se ha mantenido durante los primeros cuatro meses de este 2009. En 2002, sólo una tercera parte de lo asegurado correspondía a rifles de este tipo. Según la PGR, el incremento en el poderío se debe al restablecimiento de la venta de armas de asalto en territorio estadunidense. De 1994 a 2004 se aplicó una disposición en aquel país que prohibía a las armerías expender fusiles de alto impacto, que hoy son los preferidos por los cárteles de la droga y otros grupos criminales. La liberación en las licencias de venta en la unión americana, señala la dependencia, tiene un “impacto en el poder de fuego e intimidación de las organizaciones criminales”. E incluso, “les permite retar a las fuerzas de combate al narcotráfico en nuestro país”, según lo ha declarado el procurador Eduardo Medina-Mora. En Estados Unidos se tienen registrados alrededor de 107 mil establecimientos mercantiles que tienen autorización federal para vender armas. De este global, más de 12 mil se encuentran en territorio fronterizo con México; son de las armerías ubicadas en la zona de la frontera de donde se nutren los grupos delincuenciales, se advierte en los reportes de la Procuraduría. Prueba de ello es que en estos 12 mil locales el promedio de ventas anual suma el doble de lo que reportan los demás establecimientos en Estados Unidos. Para Medina-Mora, “esta peculiaridad no puede ser casual ni accidental”.

Cayó " El Fayo" lí­der del Cár­tel del Gol­fo en Can­cún

Lue­go de ex­haus­ti­vas in­ves­ti­ga­cio­nes que lo se­ña­lan co­mo lí­der del Cár­tel del Gol­fo en Can­cún, Quin­ta­na Roo, ca­yó en po­der de las fuer­zas fe­de­ra­les Ra­fael del An­gel Vé­lez Mo­ra­les alias "El Fa­yo", quien jun­to con 9 de sus cóm­pli­ces y su no­via, de na­cio­na­li­dad bra­si­le­ña, son in­te­rro­ga­dos por las au­to­ri­da­des de la Sub­pro­cu­ra­du­ría de In­ves­ti­ga­ción Es­pe­cia­li­za­da en De­lin­cuen­cia Or­ga­ni­za­da (SIE­DO) de la Pro­cu­ra­du­ría Ge­ne­ral de la Re­pú­bli­ca (PGR).Los al­tos man­dos mi­li­ta­res y fe­de­ra­les ex­pli­ca­ron que "El Fa­yo" se ha­cía lla­mar tam­bién Jo­sé Ma­nuel Fi­gue­roa Mar­tí­nez, pa­ra des­pis­tar a las au­to­ri­da­des que ya le pi­sa­ban la som­bra, y fi­nal­men­te fue ubi­ca­do y de­te­ni­do por efec­ti­vos de la X Re­gión Mi­li­tar y agen­tes de la AFI, cuan­do re­gre­sa­ba de la ciu­dad de Ve­ra­cruz a Can­cún, a don­de ha­bía acu­di­do pa­ra reu­nir­se con lí­de­res de la or­ga­ni­za­ción que di­ri­gía Osiel Cár­de­nas Gui­llén, pa­ra re­ci­bir ins­truc­cio­nes en sus pla­nes de am­pliar el área de in­fluen­cia a la Pe­nín­su­la de Yu­ca­tán.La pe­li­gro­si­dad de ese su­je­to fue re­ve­la­da en los de­ta­lles de su lar­ga ca­rre­ra de­lic­ti­va, por ejem­plo, va­rios si­ca­rios que se en­con­tra­ban ba­jo sus ór­de­nes fue­ron au­to­res del pla­gio y eje­cu­ción de los her­ma­nos Omar Obed y Joel Re­za Mar­tí­nez, he­cho que su­ce­dió el 19 de ene­ro de 2008 en Can­cún, Quin­ta­na Roo.Los otros de­te­ni­dos son Uli­ses Pin­to Ma­de­ra, Ei­nar Es­cott In­te­rial, Ledy­na Me­jía Be­ní­tez, Ch­ris­tian Ma­ri­bel Gó­mez Ló­pez, y la aman­te de "El Fa­yo", iden­ti­fi­ca­da co­mo Ia­ne Co­rrea, quien co­mo ya se di­jo es de na­cio­na­li­dad bra­si­le­ña; és­ta se en­con­tra­ba en Ciu­dad del Car­men.Los otros son Asael Ji­mé­nez Gon­zá­lez alias "El In­dio", Luis Ma­nuel Pé­rez La­ra "Lui­zón", Ri­car­do Ale­jan­dro He­rrera Mon­tal "El Yu­ca", y Gus­ta­vo Adol­fo Guz­mán Ra­mí­rez "El Gor­do".De acuer­do con las in­ves­ti­ga­cio­nes que lle­va­ron a su cap­tu­ra, se tie­ne la cer­te­za de que el pre­sun­to lí­der de es­ta or­ga­ni­za­ción cri­mi­nal re­ci­bía pro­tec­ción de di­ver­sas au­to­ri­da­des de la en­ti­dad, eso le per­mi­tió en­ca­be­zar una cé­lu­la cri­mi­nal pa­ra te­ner el con­trol de ac­ti­vi­da­des ilí­ci­tas co­mo nar­co­trá­fi­co, trá­fi­co de per­so­nas, se­cues­tros, pi­ra­te­ría y ex­tor­sión.En sus pri­me­ras de­cla­ra­cio­nes "El Fa­yo" con­fe­só que tras la cap­tu­ra de Oc­ta­vio Al­man­za Mo­ra­les "El Go­ri 4", y de Na­po­león de Je­sús Agui­rre Men­do­za, los lí­de­res de esa or­ga­ni­za­ción lo de­sig­na­ron co­mo en­car­ga­do de la pla­za de Can­cún. Asi­mis­mo, al mo­men­to de ser de­te­ni­do en sor­pre­si­vo ope­ra­ti­vo, Vé­lez Mo­ra­les y sus nue­ve cóm­pli­ces te­nían en su po­der 6 ar­mas lar­gas, una cor­ta, 4 gra­na­das de frag­men­ta­ción, un pa­que­te de pol­vo blan­co con las ca­rac­te­rís­ti­cas de la co­caí­na, tres ve­hí­cu­los y equi­po de co­mu­ni­ca­ción.Fi­nal­men­te, ca­be se­ña­lar que to­dos los de­te­ni­dos eran in­te­rro­ga­dos por el agen­te del mi­nis­te­rio pú­bli­co fe­de­ral ads­cri­to a la SIE­DO, mis­mo que en las pró­xi­mas ho­ras de­ter­mi­na­rá su si­tua­ción ju­rí­di­ca una vez que rin­dan su de­cla­ra­ción.